La prevención frente al COVID en Residencias de Ancianos
Por: Cecilia Cortes Cuevas, Abogada
A falta de realizar test generalizados, ha sido imposible hasta ahora saber el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, ya sean públicas, concertadas o privadas. Pero, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido con COVID19 o síntomas similares se sitúan en 17.481, la mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Así, los fallecidos en residencias de ancianos equivaldrían al 67 % del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.
La Fiscalía General del Estado, a través del Fiscal para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y de la red de Fiscalías Provinciales, ha abierto 176 diligencias civiles y 134 penales en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de estas personas en situación de vulnerabilidad.
La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución que opera para indemnizar daños evaluables económicamente (el fallecimiento de un familiar es uno de ellos y suele valorarse conforme a los baremos que utilizan los seguros de responsabilidad civil) cuando se producen como consecuencia del funcionamiento anormal de un servicio público.
Estas reclamaciones irían dirigidas principalmente (aunque no de forma exclusiva, pues la responsabilidad puede ser concurrente con la de otras administraciones), contra la Administración General del Estado por ser la competente para la gestión de las alertas que procedan de organismos internacionales, de conformidad con la vigente Ley 33/2011, de Salud Pública.
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